domingo, 10 de enero de 2010

Política y ley


La conflictividad que estamos transitando en torno a la destitución del Presidente del Banco Central se lee en el idioma de la relación entre política y legalidad.
La acción política requiere de estrategias. Cristina Fernández se instala en esta batalla sostenida en la razón: La política económica la dicta la Presidenta, por lo tanto Martín Redrado debe acatar sus directivas. La independencia del Banco Central se funda en una suposición desmentida por la realidad. Que los gobiernos son insuficientes para garantizar una estabilidad monetaria y que la autarquía del Banco Central (que es en realidad una dependencia de los centros económicos mundiales) permitiría su sostenimiento monetario. Las grandes crisis latinoamericanas tuvieron lugar bajo esta reforma de la carta orgánica de dicha institución (incluida la última crisis argentina del 2001). La presidenta entonces considera que esta formulación no tiene validez y actúa como si no existiera. Esa reforma que el kirchnerismo no se animó a hacer (reconocido esto por el mismísimo Néstor Kirchner) es actuada por la presidenta, establecida de hecho.
El problema es que en política no alcanza con tener razón. La razón y la ley valen en función de una estrategia. Para la oposición es un avasallamiento a las instituciones que Cristina Fernández haya echado a Redrado pero no lo sería (o no se animarían a plantearlo) si la presidenta tuviera el 80 por ciento de popularidad. Nadie cuestionó el uso de las reservas para pagar la deuda que realizó Néstor Kirchner en el 2005 porque era difícil oponerse a un presidente legitimado por las urnas. Con esto quiero decir que para declarar ilegal una medida no basta con la objetividad de la ley sino con las relaciones de fuerza y una estrategia que haga posible su aceptación en el terreno de lo judicializable. De hecho la celeridad de la jueza Sarmiento demuestra que la justicia está embebida en estas relaciones de fuerza y responde según ellas.
En este mismo sentido podríamos decir que el desempeño de Julio Cobos es contrario a la constitución y en realidad lo es, él no cumple con el rol que la carta magna le designa al vicepresidente. Usa los beneficios cargo para hacer política opositora. Sin embargo nadie le hace juicio político. ¿Por qué? Porque como goza de buena imagen en la ciudadanía, el oficialismo no se anima a lanzarse a una cruzada que lo desgastaría y tiene todas la de perder, con el riesgo adicional de sumarle popularidad a partir de su victimización. Como saben que la oposición y los medios saldrían a respaldarlo prefieren poner las energías en otro frente. La legalidad, por la que toda la oposición se rasga las vestiduras, existe en la medida de su oportunidad, de su conveniencia y de sus relaciones de fuerza.
Una oposición que carece de propuestas y de capacidad de gobierno (como lo demostraron y lo demuestran en generosos ejemplos) tiene en la judicialización de la política su arma por excelencia. Ellos son especialistas de la denuncia y si algo demuestra la política es que la ley es arbitraria, que está sostenida en producciones de verdad que responden a una construcción de poder.
Voy a ser más clara: se judicializa al que pierde no al que gana. El que tiene que sufrir el peso de la ley es, la mayor parte de las veces, el que está en una condición de vulnerabilidad. Los crímenes de guerra existen para el bando de los vencidos, nunca para el de los vencedores.
No estoy queriendo decir con esto que los Kirchner sean perdedores, de hecho considero que este es un gobierno muy fuerte pero los Kirchner se han debilitado en su popularidad, han sufrido bajas en cuanto a sus aliados y se enfrentan claramente con una oposición desestabilizante que tiene como fuerte respaldo en grupos de poder que el kirchnerismo ha puesto claramente en el lugar de enemigos. En un mapa como este hay que actuar con cuidado.
Otro elemento importante es como se utiliza esa supuesta “rebeldía institucional” para la construcción de la imagen política. Cobos y Redrado buscaron protagonismo del mismo modo: Desafiando, desobedeciendo a los Kirchner. Los dos lograron obstruir una decisión de gobierno. La base del desgaste es frenar cualquier iniciativa del poder ejecutivo (no importa si es mala, buena o regular) para generar la sensación de una presidenta débil que no gobierna. El discurso mediático convierte a estos personajes en héroes porque se sublevan ante la tiranía de los K. Nuevamente contribuyen a uno de los rasgos ideológicos fundamentales de la derecha: el individualismo. La conveniencia personal se coloca por encima de los intereses del conjunto y la ciudadanía parece reivindicar este funcionamiento. Se festeja la astucia contra la solidaridad y se pagará un altísimo costo por este suicidio como sociedad.
Esto ocurre, en gran medida, porque la política se personaliza. La figura de Cristina Fernández provoca irritación en las clases medias y altas entonces todo se convierte en un gran culebrón donde Elisa Carrió es una villana de novela y el público, contrariamente con lo que ocurre en el teleteatro de la tarde, se identifica con la malvada.
Más allá de la discusión sobre las reservas, el Fondo del Bicentenario o la autarquía del Banco Central, lo que queda claro es que todos estos datos son excusas al momento de conspirar contra los Kirchner. Sirven como herramientas a utilizar cuando la oportunidad brinda una hendija para desgastar al gobierno. La ley es usada para cometer la ilegalidad mayor: buscar que las decisiones de estado las tomen aquellos funcionarios que no han sido votados por nadie. Bajo estas condiciones Redrado tiene más capacidad de decisión que Cristina Fernández.
La sociedad está mostrando un nivel de permisividad preocupante frente a las conspiraciones de la oposición. Digiere la sobreactuación de un Redrado o un Gerardo Morales con una complacencia desconcertante.
La contribución de varios periodistas por estos días, de explicar cuando se estableció la independencia del Banco Central, bajo qué condiciones y estrategias, quienes fueron los redactores de sus artículos (Cavallo y Martínez de Hoz) sirve para pensar la ley bajo un devenir político porque el discurso mediático mayoritario en alianza con la oposición, buscan instalarla como un valor absoluto que no responde a relaciones de poder e intereses de un momento histórico determinado, sino a una idea de verdad incuestionable, casi divina, que pareciera estar fuera de toda discusión.
Uno de los grandes argumentos de los golpes de estado, sean brutales o sofisticados, es revestir de ilegalidad al poder de turno. La oposición de derecha (y algunos progresistas destemplados) buscan erguirse como los guardianes de la constitución. No falta mucho para que se sostenga que Cristina Fernández entró de prepo a la Casa Rosada, recordemos que Carrió y Alberto Rodríguez Saá hablaron de fraude en las últimas elecciones presidenciales. Lo que el oficialismo debe evitar es llevar la confrontación política al terreno de la disputa por la veracidad del valor de las leyes, debe construir su sustentabilidad política en otro terreno, no por ser ilegales, sino porque la política no es solo sujeción a las leyes sino, fundamentalmente, construcción de realidades nuevas, creación de posibilidades, transformación social, situaciones, todas estas, que pueden llevar a cambios y mejoras en las leyes, a demostrar que ciertas normas responden a estrategias de un modelo que fracasó y que hoy en día no nos representa , o al menos algunos no queremos, que nos defina como sociedad.

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